EL UNIVERSAL
lunes 19 de mayo de 2014 12:00 AM
El Ejecutivo nacional ordenó
intervenir al concesionario La Venezolana. En el marco de la "ofensiva
económica", las autoridades aseguraron estar en presencia de una
"estafa" tras fiscalizar a la empresa.
Pero las irregularidades cometidas por ese concesionario no eran desconocidas para las autoridades. Al antiguo Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) llegaron tres denuncias contra la empresa entre octubre y noviembre del año pasado.
El 23 de octubre de 2013 un ciudadano denunció al concesionario. El organismo procesó el reclamo con el número 006685 y designó a Ingrid Márquez como responsable del caso. Otras acusaciones llegaron el 28 de octubre y el 19 de noviembre, las cuales quedaron registradas con los números 004203 y 008202, respectivamente. Micaela Acevedo y Daniel Longa fueron los abogados nombrados para esos casos.
En las redes sociales diversos funcionarios también recibían denuncias a diario contra la empresa, pero sólo fue hasta el pasado sábado cuando las autoridades actuaron.
Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, admitió que llegaron al establecimiento, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, por los comentarios de los afectados. "Nosotros llegamos acá por denuncias de un porcentaje importante de estas 5.956 personas", dijo el funcionario.
Ese es el total de afectados. Se trata de clientes que pagaron 30% de inicial exigido por la empresa e, incluso, la totalidad del valor de los autos.
Mucho ruido
Las irregularidades y el ruido en los medios signaron las operaciones de La Venezolana desde sus inicios, a mediados de 2013.
En sus comunicados la empresa se declaraba a favor del Gobierno y proponía "la defensa férrea y absoluta del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez". En varios de esos remitidos también se podían rastrear las prácticas indebidas que cometieron.
El pasado 8 de abril el concesionario divulgó en prensa un listado de números de cédula de ciudadanos con los que negociaron la venta de carros entre septiembre y diciembre de 2013, pero que nunca entregaron. En ese texto informaban que la "primera flota" de vehículos "atraviesa las aguas del mar Pacífico, acercándose al destino final". El 5 de marzo habían hecho la misma promesa: "nuestra primera flota se encuentra navegando las aguas del Pacífico rumbo al mar Caribe, a pesar de los cobardes ataques en nuestra contra de los carteles de la industria automotriz". RD
Pero las irregularidades cometidas por ese concesionario no eran desconocidas para las autoridades. Al antiguo Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) llegaron tres denuncias contra la empresa entre octubre y noviembre del año pasado.
El 23 de octubre de 2013 un ciudadano denunció al concesionario. El organismo procesó el reclamo con el número 006685 y designó a Ingrid Márquez como responsable del caso. Otras acusaciones llegaron el 28 de octubre y el 19 de noviembre, las cuales quedaron registradas con los números 004203 y 008202, respectivamente. Micaela Acevedo y Daniel Longa fueron los abogados nombrados para esos casos.
En las redes sociales diversos funcionarios también recibían denuncias a diario contra la empresa, pero sólo fue hasta el pasado sábado cuando las autoridades actuaron.
Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, admitió que llegaron al establecimiento, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, por los comentarios de los afectados. "Nosotros llegamos acá por denuncias de un porcentaje importante de estas 5.956 personas", dijo el funcionario.
Ese es el total de afectados. Se trata de clientes que pagaron 30% de inicial exigido por la empresa e, incluso, la totalidad del valor de los autos.
Mucho ruido
Las irregularidades y el ruido en los medios signaron las operaciones de La Venezolana desde sus inicios, a mediados de 2013.
En sus comunicados la empresa se declaraba a favor del Gobierno y proponía "la defensa férrea y absoluta del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez". En varios de esos remitidos también se podían rastrear las prácticas indebidas que cometieron.
El pasado 8 de abril el concesionario divulgó en prensa un listado de números de cédula de ciudadanos con los que negociaron la venta de carros entre septiembre y diciembre de 2013, pero que nunca entregaron. En ese texto informaban que la "primera flota" de vehículos "atraviesa las aguas del mar Pacífico, acercándose al destino final". El 5 de marzo habían hecho la misma promesa: "nuestra primera flota se encuentra navegando las aguas del Pacífico rumbo al mar Caribe, a pesar de los cobardes ataques en nuestra contra de los carteles de la industria automotriz". RD
Fuente:
http://www.eluniversal.com/economia/140519/denuncias-contra-la-venezolana-datan-desde-octubre-de-2013
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